Análisis y Opinión
El pueblo boliviano está padeciendo enormes desgracias a consecuencia de las fuertes lluvias que generan desastres naturales como deslizamientos de cerros, ruptura de puentes y carreteras, inundaciones de pueblos enteros en áreas rurales y urbanas, etcétera. El Estado en sus distintos niveles (gobierno central, gobernaciones y municipios) están movilizándose para paliar los efectos de una acción de la naturaleza que no es tan “natural”.
Si bien las causas de las fuertes lluvias son diversas (una que se vuelve más importante es la acción guidada por los intereses económicos de las grandes transnacionales), se sabe que estas lluvias se presentan cada año por estas fechas, sin embargo poco o casi nada se ha hecho para prevenir los desastres que hoy existen en los departamentos del Beni, La Paz y Cochabamba. Hay diversas denuncias de parte de la población afectada acerca de los pedidos que se hicieron con anterioridad para construir obras de prevención y que incluso fueron aprobadas en las gestiones a nivel municipal y departamental sin embargo solo quedaron en proyectos.
Hace una semana el gobernador de La Paz declaraba que el presupuesto para emergencias de 9 millones de bolivianos se había terminado mostrando la precariedad de fondos destinados a emergencia, esto se ve peor si comparamos esta cifra con los 6 millones de bolivianos que gastó Evo Morales en sus autos de lujo blindados o el millón de bolivianos que piensa gastar en su nuevo palacio de gobierno o los otros tantos millones en el museo que construirá en su pueblo en una demostración ostentosa propia de un caudillo en una ufana pretensión de que la historia moderna del país nace con él.
El gobierno boliviano muestra que la población le importa muy poco, actualmente tiene proyectado gastar 20 millones de dólares en una cumbre (G77 +China) de resultados dudosos, según muchos expertos los miembros del G77 rara vez consiguen ponerse de acuerdo en cosas importantes o de fondo, generalmente lanzan declaraciones generales que no tienen peso alguno en la política mundial. Mientras tanto lo que se destina a las necesidades de la población afectada no tiene punto de comparación con estos gastos, y peor si consideramos que mucha de la ayuda que se hace a las zonas afectadas, especialmente el departamento del Beni, proviene de la solidaridad de la población. Hasta la fecha se tiene contabilizadas perdidas por 50 millones de dólares, hay 84 mil reses muertas, 39 mil hectáreas de cultivo afectadas y una treintena de muertos por deslizamientos y derrumbes, accidentes en los ríos y en carreteras.
Uno de los problemas que al parecer ha agravado la situación este año ha sido la construcción de las gigantescas represas Jirau y Santo Antonio en el Estado de Rondonia (fronterizo con el Beni) en Brasil. Estos megaproyectos han sido denunciados por organizaciones populares brasileñas debido a las condiciones de explotación de los obreros que son parte de ellas (muchas veces con muerte) y los impactos que tienen en poblaciones campesinas e indígenas, uno de esos impactos son las inundaciones de pueblos enteros. Pero como estas obras forman parte de los grandes proyectos de desarrollo del gobierno de Lula/Dilma/FMI los reclamos en su contra son acallados con represión violenta.
Evo Morales ha instruido hace unos días una investigación sobre el impacto de estas obras en las enormes inundaciones en el Beni, lo que parece una preocupación genuina no pasa de ser una pose de marketing político, porque el gobierno boliviano está enterado de estas obras desde el año 2008 cuando se lanzaron advertencias de especialistas sobre los probables impactos en Bolivia de esas megaobras. Se realizaron algunas gestiones a nivel de la Cancillería y se encomendó un estudio que revela las zonas de impactos por las obras, pero las cosas quedaron ahí pues la relación entre Evo y Lula no permitía perturbaciones por una posible afectación a la población. Recuérdese que estábamos en pleno proceso de financiamiento de carreteras de parte de empresas y bancos brasileños, cosa que importaba mucho más al gobierno boliviano (y por supuesto al brasileño) para incomodarse por unas obras que podían afectar a la población pobre de la Amazonía.
Mientras los desastres ocurren el gobierno y la oposición sacan provecho político, pero en este caso la responsabilidad mayor recae en el gobierno pues tiene todo el aparato estatal a su disposición. Como es costumbre el Ministerio de Comunicación (que bien podría llamarse de propaganda) no se ha demorado en publicitar la “ayuda” a los damnificados con imágenes de los jerarcas del régimen cargando vituallas y alimentos siendo recibidos por esperanzados pobladores, la costosa y eficaz propaganda del gobierno (a través de televisión, radio y prensa escrita) contrasta con la poca “eficacia” en atender a poblaciones como el TIPNIS y otras regiones del Beni.
El pedido de la gobernación del Beni (en manos de los opositores al gobierno) de declarar a este departamento como zona de desastre para que intervenga la ayuda internacional ha desatado una lluvia de acusaciones y contraacusaciones entre ellas la del cálculo político, el gobierno suele recurrir al desgastado argumento de que todo lo que es un cuestionamiento a su gestión es un “calculo político de la derecha”, aunque en este caso no ha sido sólo una propuesta de la oposición.
Muchos alcaldes de Beni, y algunos que pertenecen al partido de Evo Morales, así como los propios damnificados, han cuestionado la actitud del gobierno de manera abierta y discreta señalando que éste no dimensiona el problema y que existe la necesidad de declarar zona de desastre al Beni, lo mismo ha afirmado el senador del MAS por el departamento de Potosí. Esto desnuda la flaqueza del argumento del gobierno. Lo que en realidad el gobierno quiere es esconder la precariedad en la que se encuentra el pueblo boliviano, la falta de previsión de los distintos niveles del Estado ante estas situaciones de emergencia, las compras insulsas de equipos y helicópteros que sirven solo para el viaje de las autoridades del régimen y no para socorrer a la población y también el contraste que existe en los gastos dispendiosos del gobierno de Evo Morales en compra de aviones, cumbres intrascendentes, infraestructura para la burocracia y otras gollerías que el régimen de Morales planea adquirir.
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